Por Gladys Navarro

LA PAZ, BCS., 22 de junio.- “Baja California Sur, ¿con licencia para matar?”, son algunas de las expresiones que se han vertido en redes sociales en las últimas horas, toda vez que el Congreso del estado aprobó la despenalización del “exceso de legítima defensa”, y las reacciones no han faltado.

Con el voto de 18 legisladores, se modificaron los artículos 31 y 87 del Código Penal del estado, bajo el argumento de las condiciones de inseguridad, especialmente frente al alto índice de robo a casa habitación y los gastos de protección a viviendas, a fin de que los ciudadanos que repelen una agresión no reciban sanciones si su reacción es excesiva.

“Es necesario darle a la ciudadanía más seguridad en cuando a la forma en que va a ser tratado en caso de ocasionar daños al momento de repeler un ataque, puesto que si el estado no tiene la capacidad de otorgarle la vigilancia oportuna y la defensa por parte de los cuerpos policíacos, le pueda dar la garantía de apoyarlo en las consecuencias de actos no dolosos que pueda ocasionar durante su defensa…”, se lee en la iniciativa presentada por el diputado Alfredo Zamora García y el dictamen emitido en comisiones.

En opinión de la académica Lorella Castorena Davis, investigadora en temas de violencia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la resolución permite la “justicia por propia mano y es una forma de legitimar la violencia ante un estado incapaz de hacerle frente. Esto es inadmisible en un régimen democrático”.

El abogado penalista, Arturo Rubio Ruíz, vicepresidente de la asociación civil local Legalidad y Transparencia,  señaló que los diputados de BCS “debieron ampliar los parámetros de la legítima defensa, no despenalizar su exceso”.

Eduardo González Ramos, presidente del Colegio de Abogados de BCS,  calificó como una “reforma fuerte”, y sería necesario, dijo, que hubiera una difusión precisa sobre la modificación, a fin de no permitir confusiones en los ciudadanos. “Ahora lo importante será que se acredite cien por ciento la necesidad de defenderse”.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, consideró que hizo falta socializar y analizar la reforma. Al organismo no se convocó, “y en un contexto de inseguridad y violencia como el de BCS, era necesario”.

Durante la votación del dictamen, la diputada Maritza Muñoz Vargas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, se abstuvo, señalando que “violencia no se combate con más violencia”. De igual forma se abstuvo en la votación la coordinadora de la fracción del PAN, Guadalupe Saldaña.